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Postrer voluntad devenida en ley

Por: Arturo Manuel Arias Sánchez. Profesor de Derecho, Facultad de Humanidades

Perpetuar entre los suyos la memoria de los muertos es costumbre cuyas raíces se hunden en lo ignoto de los tiempos; con la aparición de la norma escrita, su práctica se reguló e institucionalizó.

La Ley Número 174 de 20 de marzo de 1959, dictada por el Gobierno Revolucionario, apenas instalado, estableció la prohibición de erigir monumentos, estatuas y bustos en homenaje a personalidades no fallecidas.

Donde está evidente la voluntad, no ha lugar a la presunción, sentenció un viejo código legal romano.

El 3 de diciembre de 2016, en el acto político efectuado en homenaje póstumo al líder histórico de la Revolución Cubana, su hermano Raúl manifestó que era deseo de aquel “que una vez fallecido, su nombre  y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos, ni erigidos en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo”.

Sabios preceptos, entresacados del mismo texto romano, sostienen  que “la ley es lo que el pueblo ordena y establece” y que “la virtud de la ley es esta: mandar, vedar, permitir, castigar”.

Así pues, para el viejo derecho público romano, la ley es el acto normativo que nace de la voluntad popular, emitida directamente por los comicios tribales de antaño, o bien, indirectamente, como hacemos hoy, a través de los mandatarios elegidos por el pueblo, los diputados.

El postrer deseo de Fidel Castro Ruz devino en ley el pasado 27 de diciembre del recién concluido año, en el VIII Período Ordinario de Sesiones de la Octava Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, al cobrar vida jurídica la Ley Número 123 de 27 de diciembre de 2016.

Postula la teoría del Derecho que toda norma jurídica se eslabona en una estructura orgánica permeada por una lógica interna, cuyo ensamblaje responde a tres interrogantes: ¿para qué circunstancias o situaciones se dicta?, ¿qué dispone? y ¿qué sanciones prescribe para aquel que la transgrede?

La respuesta a la primera interrogante presupone la existencia de una hipótesis jurídica, indicativa de las circunstancias o situaciones reguladas en el ámbito social por la ley; en este caso, la prohibición del nombre de Fidel “para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles y otros lugares públicos, así como cualquier tipo de condecoración, reconocimiento o título honorífico”; asimismo, prohíbe la utilización de su figura “para erigir monumentos, bustos, estatuas, tarjas conmemorativas y otras similares de homenaje” y de igual manera, la prohibición del “uso de denominaciones, imágenes o alusiones de cualquier naturaleza, referidas a la figura del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz para su utilización como marca u otros signos distintivos, nombre de dominio y diseños con fines comerciales o publicitarios”.

El mandato explícito de prohibir y de permitir en torno al nombre y figura de Fidel, contenido en la Ley, identifica su disposición jurídica, respuesta a  la segunda interrogante, enunciada más arriba.

Al prohibir el empleo del nombre y de la figura del Comandante en Jefe en las circunstancias o situaciones reseñadas en la hipótesis de la Ley, y acceder a “su denominación en un futuro de alguna institución que se cree, conforme a la ley, para el estudio de su invaluable trayectoria en la historia de la nación” (…); “la producción artística literaria inspirada en Fidel o en su figura para crear una obra en cualquiera de las manifestaciones, ya sea la literatura, la música, la danza, el cine o las artes plásticas y aplicadas” (…); “el uso de su iconografía e imágenes acumuladas en su rica trayectoria revolucionaria, en actos públicos”, así como que “se mantendrán como hasta hoy sus fotos en centros de trabajo o estudio, unidades militares e instituciones”, se conforma la disposición jurídica de la Ley Número 123.

En cuanto a la tercera interrogante, vale decir, las sanciones de aplicación al transgresor de la norma, su respuesta la hallamos en la legislación administrativa vigente, por devenir en inoficiosa la penal.

Así pues, con acentuado carácter restrictivo, el Decreto Número 129 de 1985, Sobre el desarrollo de la escultura monumentaria y ambiental, dispuso en su artículo 7 que al Ministerio de Cultura corresponderán, para la consecución del desarrollo de la escultura monumentaria y ambiental, las atribuciones y funciones siguientes: (…);

  1. b) decidir sobre la calidad estética, histórica, ideológica y educativa de los proyectos de esculturas monumentarias y ambientales, así como sobre los extremos relativos a su ejecución e impartir la aprobación para su realización; (…);
  2. h) disponer la suspensión de los proyectos y de toda obra de escultura monumentaria y ambiental que se acometan sin haberse obtenido la aprobación previa, y determinar lo que corresponde en cuanto a su continuación o paralización definitiva; (…).

Los fundamentos anteriores, entonces, condicionan la autorización del Ministerio de Cultura, en conjunción con sus entidades adscriptas, el Consejo Asesor Nacional para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y Ambiental y la Comisión Nacional de Monumentos, en cuanto a sus respectivas competencias administrativas, a acceder o no al levantamiento de tales esculturas, pero todavía no devienen en sanción administrativa, como tercer elemento complementario en la estructura lógica de la norma jurídica.

Este tercer elemento que responde a la interrogante qué sanciones imponer al infractor de las disposiciones jurídicas que nos ocupan, lo ofrece el Decreto Número 272 de 2001, De las contravenciones en materia de ordenamiento territorial y de urbanismo.

Su artículo 8 consigna que se consideran contravenciones y se impondrán las multas y medidas que para cada caso se establecen al que sin tener licencia de construcción o de obra:

  1. Sin título de propiedad del terreno o azotea u otra forma de titularidad reconocida por el Estado: (…);
  2. f) inicie una o más obras no destinadas a viviendas, 300 pesos (persona natural) y 3000 pesos (persona jurídica) y, en su caso, la demolición de lo construido.

 

  1. Con título de propiedad del inmueble, terreno o azotea, según corresponda, u otra forma de titularidad reconocida por el Estado: (…);
  2. f) inicie la construcción, reconstrucción, ampliación y remodelación de una o más obras no destinadas a viviendas, 100 pesos (persona natural) y 1000 pesos (persona jurídica) y, en su caso, la demolición, decomiso o pérdida de lo construido.

 

¡Cúmplese su postrera voluntad sin tachas porque como sentenció el jacobino Maximiliano Robespierre la muerte es el comienzo de la inmortalidad de este cubano Grande de América!

 

Arturo Manuel Arias Sánchez

Profesor de Derecho

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 comentarios en “Postrer voluntad devenida en ley

  1. Profesor Arturo: Muy interesante su artículo, recordatorio sobre todo a la voluntad de Fidel, pero me ha causado mucho que acabo de abrir Cubadebate y aparece este titular: «Develan estatuas de Fidel Castro y Óliver Tambo» aparece el Comandante Fidel Castro, en toda la esbeltez que lo caracterizó y el luchador contra el apartheid. Es imposible luchar contra la memoria. La memoria histórica ha salvado del olvido, lo que institucionalemente se ha dejado atrás. ¿Quién les explica a los sudafricanos que no enaltezcan con una estatua la figura de uno de los pensadores más grandes de todos los tiempos e implicado por siempre a su historia? Saylí Alba Álvarez

    1. No puede ser de otra manera. La legislación sudafricana no se subordina a esta última voluntad de Fidel la que solo rige, convertida en ley, en el ámbito territorial cubano.

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