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Otras voces constitucionales

Por: Arturo Manuel Arias Sánchez. Profesor de Derecho. FH

Ha poco sostuve en este medio digital universitario que toda definición en Derecho es peligrosa, aprendida de Domicio Ulpiano, el jurisconsulto romano-fenicio (en aquel momento no se tomaba en cuenta la actual diatriba de la doble nacionalidad dado que no existían los pasaportes), asesinado por la soldadesca pretoriana en el año 228 de nuestra era (¡tanto había definido en Derecho que le costó la vida!) sino que me ciño, en esta ocasión a un poeta universal, Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, verdadero nombre de Pablo Neruda (1904-1973), que sobre las palabras sentenció las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito, razón entonces para que aborde otro grupo de voces recién aparecidas en el nuevo texto constitucional, con absoluta trascendencia entre los cubanos, ¡claro está!, sin el aura poética del bardo chileno, tan lejana y escurridiza de quien esto escribe.

Como en la vez anterior, indico la referencia jurídica entresacada del articulado de la Constitución de 2019 y luego abordo la definición (¡que me proteja Ulpiano!) de las palabras interesadas.

Aquí van agrupadas en binomios de voces.

  • Expropiación y Confiscación

Artículo 58. Todas las personas tienen derecho al disfrute de los bienes de su propiedad.

El Estado garantiza su uso, disfrute y libre disposición, de conformidad con lo establecido en la ley.

La expropiación de bienes se autoriza únicamente atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización.

La ley establece las bases para determinar su utilidad y necesidad, las garantías debidas, el procedimiento para la expropiación y la forma de indemnización.

Artículo 59. La confiscación de bienes se aplica solo como sanción dispuesta por autoridad competente, en los procesos y por los procedimientos que determina la ley.

Cuando la confiscación de bienes sea dispuesta en procedimiento administrativo, se garantiza siempre a la persona su defensa ante los tribunales competentes.

Con la voz expropiación, procedente del latín expropriatus (prefijo ex, fuera de; sufijo proprius, propio) se denomina el ejercicio de extraer de la propiedad particular, personal o privada, ciertos bienes cuya justificación recae en la utilidad pública o interés social sobre aquellos, previa indemnización de sus titulares. La expropiación es una especie de venta forzosa de los bienes que se precisen para el común interés o utilidad popular. Un ejemplo sencillo: el acto expropiatorio por el Estado cubano de un solar yermo a su dueño, superficie baldía que se destinará a la edificación de un parque infantil, en tanto que el expropiado, por tal acción, recibirá una compensación dineraria.

La confiscación de bienes como sanción penal nace de la avaricia de los emperadores romanos. La confiscación, unida con la muerte del reo, no recaía sobre el presunto criminal sino sobre sus hijos. Estos se afectaban de modo directo, y no en una pequeña porción, como en la multa sino en la totalidad de sus bienes: mientras aquel pagaba con su vida, estos perdían todos los bienes.

La confiscación (latín con, preposición inseparable que expresa reunión, junta y fiscus, tesoro) de bienes exige, para su consumación, que la ordene una autoridad competente (un tribunal u órgano jurisdiccional) y fundada en la ley.

El Código Penal cubano contempla como sanción accesoria a la principal, en su artículo 44 la confiscación de bienes, la que consiste en desposeer al sancionado de sus bienes, total o parcialmente, transfiriéndolos a favor del Estado.

A seguidas aclara que la confiscación de bienes no comprende, sin embargo, los bienes u objetos indispensables para satisfacer las necesidades vitales del sancionado o de los familiares a su abrigo.

Podrás apreciar cómo nuestra confiscación de bienes se aleja decididamente de aquella concebida por los emperadores romanos y también dista de la expropiación, vista más arriba.

En fin, la expropiación obedece al interés social en tanto que la confiscación es un acto de punición o castigo, facultades ambas del Estado cubano.

  • Irretroactividad y Retroactividad

Artículo 100. En el ordenamiento jurídico rige el principio de irretroactividad de las leyes, salvo en materia penal cuando sean favorables a la persona encausada o sancionada, y en las demás leyes, cuando así lo dispongan expresamente, atendiendo a razones de interés social o utilidad pública.

La frontera del tiempo, este último como forma de existencia de la materia, permanece indomeñable. No obstante, para el escritor británico Herbert George Wells (1866-1946) y para el Derecho, sus límites han sido rebasados.

En la novela de ciencia-ficción La máquina del tiempo, escrita por Wells, su protagonista se mueve caprichosamente a través de la cuarta frontera, avanza y retrocede sin temor alguno al dios Cronos, se hunde en el pasado remoto y luego se proyecta en el porvenir.

Para los juristas, las normas legales pueden navegar en la cuarta dimensión, es decir, tienen eficacia en el tiempo.

En principio, las leyes son irretroactivas, lo que quiere decir que cuando son promulgadas, sus efectos jurídicos se hacen sentir desde ese momento y hacia el futuro. Marchan paralelamente con el tiempo, esto es, tienen un carácter unidireccional desde el presente hasta el futuro.

Este rasgo que les veda la ocasión de incursionar hacia el pasado, se conoce como el carácter irretroactivo o irretroactividad en el tiempo de las normas jurídicas.

En principio las normas jurídicas civiles (el Código Civil, por ejemplo) son irretroactivas: no pueden sus efectos jurídicos tutelar hechos o actos ocurridos en el pasado, salvo excepciones.

Analiza la estructura morfológica de la palabra “irretroactiva” (i-retro-activa) y sacarás como conclusión que quiere decir que no obra o no tiene fuerza sobre lo pasado.

¿Pero son todas las normas jurídicas irretroactivas?

Continúa con la lectura, si no te fatiga, y encontrarás la respuesta a la interrogante formulada.

Si más arriba consigné la imposibilidad de viajar en el tiempo, ahora las normas penales dan esa oportunidad única.

Efectivamente, el Derecho Penal puede viajar hacia el pasado, aunque con un tono restrictivo, excepcional.

Al hablar de leyes significamos los efectos que producen una vez promulgadas.

Si siempre fueran retroactivas generarían un eterno desorden. De aquí que, en principio, reitero, las normas jurídicas son irretroactivas.

No obstante, las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo de un delito, aunque al entrar en vigor aquellas, el sancionado estuviere cumpliendo la condena por sentencia firme.

Esta postura penal está refrendada en nuestro país en los artículos 100 de la Constitución y 3 del Código Penal (numerales 2, 3 y 4) los que reafirman que las leyes penales tienen efecto retroactivo cuando sean favorables al encausado o sancionado.

Antes de ser promulgado en 1993 el Decreto-Ley Número 140, la tenencia de divisas en Cuba era un delito (¡ahora es una distinción!) por el cual algunos ciudadanos fueron sancionados. Si en ese momento algunos de ellos sufrían prisión, digamos por caso, a partir de su promulgación fueron excarcelados dado que tal figura, hasta entonces delictiva, dejaba de serlo con dicha norma.

¡He aquí un ejemplo contundente de la retroactividad (acción hacia atrás) de la ley penal!

  • Referendo y Plebiscito

Artículo 108. Corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular:

(…);

  1. v) disponer la convocatoria a referendos o a plebiscitos en los casos previstos en la Constitución y en otros que la propia Asamblea considere procedente;

(…).

El plebiscito, fórmula de consulta hecha al pueblo, surge en la Roma esclavista como resultado del enfrentamiento social, muchas veces cruento, entre patricios y plebeyos por el poder político.

Etimológicamente del latín plebiscitum (cita o reunión de la plebe), por extensión, pueblo o estratos populares de la población, congregados en el foro para tomar una decisión.

En la actualidad, el plebiscito es convocado por las autoridades de gobierno en algunos países para que, mediante el sufragio, la población apruebe o desapruebe un cambio político o legislativo de importancia.

En nuestro país cuando se pretende crear una nueva norma jurídica o modificar la existente, su anteproyecto es sometido a la más amplia discusión popular, con todos los segmentos de la población interesados, en centros de trabajo y estudio, en barrios y en organizaciones sociales y de masas: ¡no existe mejor plebiscito que este!

Ahora, la voz referendo tantas veces pronunciada en los días que corren.

El referendo (de la familia etimológica “preferir”, préstamo del latín referéndum, gerundio de referre, volver a llevar, derivado de ferre, llevar) como mecanismo de consulta popular, contemplado en el artículo 108 del texto constitucional y en el 162 de la todavía vigente Ley Electoral (la Disposición Transitoria Primera de la Constitución a proclamar el cercano 24 de febrero, ordena que seis meses después de haber entrado en vigor, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobará una nueva Ley Electoral), se pone en movimiento si se pretende reformar la Constitución de la República en cuanto a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular, o de su Consejo de Estado, a las atribuciones o al período de mandato del Presidente de la República, o a derechos y deberes consagrados por dicha norma; entonces requiere, además, que se ratifique dicha reforma mediante el voto favorable de la mayoría de los ciudadanos con derecho electoral, en referendo convocado al efecto por la propia Asamblea Nacional, como el del venidero 24 de febrero.

En otras palabras, el referendo no es más que someter al voto popular, para su ratificación, las reformas constitucionales que sus representantes, vale decir, los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, han acordado, tal como sucedió en el pasado mes de diciembre.

La población cubana con derecho al voto ha sido convocada, con la presente, en cuatro oportunidades, en los años 1976, 1992, 2002 y 2019 en ocasión de sendos referendos, el último en razón de la actualización del modelo económico y social cubano, como sabemos.

Concluyo las reseñas de ambas voces, tomando las ofrecidas por el Glosario que en su momento acompañó el tabloide contentivo del Proyecto de Constitución; así las definía:

Plebiscito:

Forma de participación popular directa, dirigida a conocer la aprobación o no so­bre determinado acto o medida política o de gobierno de relevancia para la socie­dad.

Referendo:

Forma de participación directa, median­te el cual se somete a decisión del pueblo la aprobación, modificación o deroga­ción de determinada disposición jurídica de trascendencia.

Con vista escrutadora apenas se diferencia uno de otro, elemento de apoyo para quienes sostienen que ambos ejercicios populares convergen, se confunden, se identifican; pero dejemos la controversia a los entendidos, con lo descrito basta.

En lontananza se intuye una nueva consulta popular, según regla la Disposición Transitoria Decimoprimera de la nueva Constitución; en esta ocasión un referendo del proyecto de Código de Familia, en que debe figurar la forma de constituir el matrimonio.

Amnistía e Indulto

Artículo 108. Corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular:

(…);

  1. u) conceder amnistías;

(…).

Artículo 128. Corresponde al Presidente de la República:

(…);

  1. u) conceder indultos y solicitar a la Asamblea Nacional del Poder Popular la concesión de amnistías;

(…).

Las personas olvidadizas achacan este mal a la amnesia, enfermedad mental que borra los recuerdos almacenados en el cerebro.

La raíz griega de este vocablo (amnestia, olvido) lo relaciona con el que nos interesa: amnistía.

La amnistía no es más que el olvido de los delitos perpetrados por su autor, de manera tal que extingue su responsabilidad criminal.

El Código Penal la incluye en su artículo 59, inciso ch) como una, entre otras, de las causas que extinguen dicha responsabilidad, y más adelante, en su artículo 61 aclara que la amnistía extingue la sanción y todos sus efectos, aunque no se extiende a la responsabilidad civil.

Compete al Presidente de la República de Cuba, según dispone la nueva Constitución en su artículo 128, la atribución de conceder indultos y la solicitud de concesión de amnistías a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En fin, que el amnistiado (como el indultado) logra su libertad personal gracias a esta figura legal.

La indulgencia, según los diccionarios de la lengua castellana, es la facilidad de perdonar, de aquí que los padres indulgentes perdonen a sus hijos o los sacerdotes perdonen de sus pecados a los feligreses.

El indulto (del latín indultus, perdón, concesión, permisividad) penal también es un perdón, pero concedido en Cuba gracias al Presidente de la República de Cuba quien, dentro de sus múltiples atribuciones, goza la de conceder indultos, según regula la Constitución en el susodicho artículo 128.

Por su parte, el Código Penal lo incluye, entre otras, como causa que extingue la responsabilidad penal del sancionado, de acuerdo con el artículo 59, inciso d).

Ahora bien, el indulto no es una amnistía, figura ya conocida. El indulto solo extingue la sanción principal impuesta al reo y no comprende la responsabilidad civil en la que pudo haber incurrido aquel.

Así lo ordena el artículo 62 del citado Código Penal.

La Séptima Partida del rey castellano-leonés Alfonso X, el Sabio, con su elegancia en el escribir sentenció que el indulto es la condonación de la pena que un delincuente merecía por su delito (Ley I, título XXXII).

Concluyo con esta reflexión que contrasta el indulto con la amnistía:

El indulto es un acto más judicial que político, mientras que la amnistía es más político que judicial.

Habeas corpus y Habeas data

Artículo 96. Quien estuviere privado de libertad ilegalmente tiene derecho, por sí o a través de tercero, a establecer ante tribunal competente procedimiento de Habeas Corpus, conforme a las exigencias establecidas en la ley.

Once artículos (del 467 al 478) de nuestra Ley de Procedimiento Penal se destinan al procedimiento de habeas corpus. El primero de ellos declara que toda persona que se encuentre privada de libertad fuera de los casos o sin las formalidades y garantías que prevén la Constitución y las leyes, debe ser puesta en libertad, a petición suya o de cualquier otra persona, mediante un sumarísimo proceso de hábeas corpus ante los Tribunales competentes. Y finaliza dicho precepto advirtiendo que no procede el hábeas corpus en el caso de que la privación de libertad obedezca a sentencia o a auto de prisión provisional dictado en expediente o causa por delito.

De la anterior lectura se infiere en qué consiste el habeas corpus, pero abundaremos sobre él.

Su implantación en el ámbito jurídico moderno se debe al derecho inglés cuando en el año 1679 el rey promulga una ley complementaria de la Carta Magna de 1215, a cuyo tenor se brinda la garantía de poner al alcance de los súbditos un medio expeditivo de obtener de inmediato, al amparo de los magistrados, la libertad corporal.

La institución del habeas corpus llegó a Cuba durante la intervención norteamericana en tiempos de la colonia (1898-1902) mediante la Orden Militar Número 427 de 15 de octubre de 1900.

De ascendencia romana, la institución reseñada tuvo como bautizo lingüístico la frase latina de habeas corpus ad subjiciendum que no significa otra cosa que “tener o mostrar el cuerpo por sumisión”.

La prosapia del habeas data entronca con la del habeas corpus; si en el segundo se pide la devolución del cuerpo del arrestado, en el primero se solicita la entrega de la información vinculada al individuo; no aparece explícitamente denominado en el texto constitucional, pero se infiere claramente de la lectura de su artículo 97.

Artículo 97. Se reconoce el derecho de toda persona de acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación.

El uso y tratamiento de estos datos se realiza de conformidad con lo establecido en la ley.

El término latino “data” (plural de datum, y este de datus, datos), entonces, acompañado del ya conocido habeas, significa la entrega de documentos, testimonios, antecedentes o indicios que se aducen para sostener el derecho de un ciudadano; es esa la esencia del artículo de marras.

Pongo un ejemplo: solicitud de certificación de nacimiento (o defunción o matrimonio u otra, según el caso) de una persona, formulada por el interesado ante el funcionario del Registro del Estado Civil o de cualquier otro registro público (pecuario, de vehículos, de embarcaciones, etc.) para subsanar un error material o sustancial en dicha inscripción, iniciar un proceso sucesorio, cancelar antecedentes penales, adquirir un pasaporte o licencia de conducción, etc.

La interposición del habeas corpus no presupone, necesariamente, el habeas data, ni este, la de aquel.

Fiscalía y Contraloría

Capítulo VI Fiscalía General de la República

Artículo 156. La Fiscalía General de la República es el órgano del Estado que tiene

como misión fundamental ejercer el control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado, así como velar por el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes y demás disposiciones legales por los órganos del Estado, las entidades y por los ciudadanos.

La ley determina los demás objetivos y funciones, así como la forma, extensión y oportunidad en que la Fiscalía ejerce sus facultades.

De acuerdo a cómo se emplee la palabra fiscal (del latín fiscalis, cesto o tesoro) en un contexto determinado, el cubano elegido o designado para actuar en las Fiscalías del país, puede ser sustantivo o adjetivo.

Contrasta las siguientes oraciones:

  • El fiscal hizo una enérgica acusación.
  • El impuesto fiscal fue pagado por el contribuyente.

En el primer caso es un nombre; en el segundo, un adjetivo.

Sólo nos interesa como sustantivo, vale decir, el primer caso.

La definición de fiscal que ofrece la IV Partida (Ley 12, título XVIII) del conocido rey Alfonso X, el Sabio, nos permite entrever quién es este funcionario:

Hombre que es puesto para razonar y defender en juicio todas las cosas y los derechos que pertenecen a la cámara del rey.

¡Buena definición para su época!

Sin pretender agotar conceptualmente la definición de fiscal, podemos afirmar que es el funcionario público encargado de controlar y preservar la legalidad socialista, así como promover y ejercitar la acción penal pública en representación del Estado cubano.

Por esta última función es más conocido en la población.

Para concluir te advierto que el nombre o sustantivo fiscal es de procedencia masculina, razón para decir el fiscal, pero en uso la fiscal, por cuestión de género, aunque se admite en otros países la denominación de fiscala, voz que suena rara entre nosotros. ¿Entendido?

Con el largo rodeo emprendido, solo me resta exponer que la Fiscalía General de la República de Cuba, fundamenta el ejercicio de sus funciones y estructuras a tenor de la Ley Número 83 de 11 de julio de 1997. 

Capítulo VII Contraloría General de la República

Artículo 160. La Contraloría General de la República es el órgano del Estado que tiene como misión fundamental velar por la correcta y transparente administración de los fondos públicos y el control superior sobre la gestión administrativa.

La ley regula las demás funciones y aspectos relativos a su actuación.

Aunque su actuación se orienta, entre otras, al control de las acciones de auditoría y supervisión, el nombre de contraloría no deriva de aquel sino de voz francesa cuyo significado es “contra el oro” (contre l´ or) figurada expresión de lucha contra la corrupción, el latrocinio y el despilfarro de los recursos financieros públicos, cuya historia se remonta al rey francés Luís XIV, el más absolutista de los monarcas, celoso de su arca real, y a sus mosqueteros, sin olvidar a los cardenales Richelieu y Mazarino.

La Contraloría General de la República de Cuba, creada por la Asamblea Nacional del Poder Popular hace apenas pocos años, es un órgano estatal cuya misión es auxiliar a aquella y al Consejo de Estado, en la ejecución de la más alta fiscalización sobre los órganos del Estado y del Gobierno, así como proponer la política integral del Estado en materia de preservación de las finanzas públicas y el control económico-administrativo.

Cada provincia de nuestro país cuenta con las correspondientes Contralorías de este nivel jerárquico. Las máximas autoridades que las encabezan son denominados contralores. Así pues, el contralor es el funcionario de la Contraloría General que dirige, asesora y supervisa el cumplimiento de las acciones, funciones y atribuciones de esta.

La Ley Número 107 de 1 de agosto de 2009 es la principal norma jurídica que regula la existencia de la Contraloría General de la República de Cuba.

En fin, la Contraloría vela por el buen destino de los recursos financieros del Estado cubano, cuyo accionar se trenza con el de la Fiscalía, en presencia de delitos de esta naturaleza.

Cierro con el pensamiento del intelectual irlandés George Bernard Shaw (1856-1950), pertinente con los asuntos abordados: La justicia estriba en la imparcialidad y sólo pueden ser imparciales los extraños.

Para terminar, recuerda que una manera de ser, es una manera de hablar. Y como dijera Martí:

¡Háblese sin manchas!

2 comentarios en “Otras voces constitucionales

  1. Sapiencia, erudición y experiencia.
    Toda la cultura jurídica de nuestro excelente profesor de derecho puesta a disposición de nosotros, la plebe, para ilustrarnos mejor y saber por qué vamos a votar en referéndum constitucional el próximo día 24 de febrero

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