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Las autoridades del orden vamos a llegar hasta los instigadores y los organizadores

Calificados como hechos delictivos, los actos violentos y de desorden público, ocurridos el pasado domingo 11 de julio en varios puntos del territorio nacional, tendrán una respuesta penal acorde con las leyes de la nación y los principios éticos que la rigen.

Durante su comparecencia en el programa televisivo Hacemos Cuba, la coronel Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior (Minint), explicó que en estos momentos se investigan los sucesos y a las personas que participaron en los mismos.

«En este proceso desarrollamos un conjunto de acciones investigativas, de instrucción, periciales (criminalística) y operativas para demostrar que los actos del pasado domingo constituyen un delito» apuntó.

Señaló, además, que se busca documentar, legalizar y presentar, tanto a la Fiscalía como a los Tribunales, las pruebas necesarias que, con apego a la ley, indiquen la participación en los hechos de los ciudadanos que ya han sido detenidos, quienes fueron capturados in fraganti en la comisión de acciones violentas y manifestaciones de vandalismo.

Bravet Garófalo informó que el proceso de investigación incluye la búsqueda de otros participantes hasta llegar a los instigadores, organizadores, y a los que financiaron estas acciones con el propósito de ofrecer al mundo una imagen de caos y desorden interno en el país.

Al referirse a muchas de las fotografías y videos que circulan en las redes sociales comentó: «esa no es Cuba, ni es la realidad que hemos vivido durante todos estos años de Revolución, donde prima la tranquilidad ciudadana y el orden».

La coronel dijo, también, que con las tergiversaciones que circulan en internet en relación con los acontecimientos del pasado domingo, se han tratado de manipular esos hechos diciendo que fueron manifestaciones pacíficas.

«Esos hechos fueron todo lo contrario, se caracterizaron por ser violentos (incluyeron robo en mercados y tiendas, apedreamiento a instituciones estatales, viviendas, automóviles y motos), y se efectuaron con el empleo de piedras y armas blancas, como machetes, para agredir a las fuerzas del orden», acotó.

CUBA RESPETA LAS GARANTÍAS DE LOS DETENIDOS

La mayoría de las personas detenidas por los actos vandálicos mencionados ya tenían antecedentes penales, entre los que figuran delitos como la tenencia de armas, alteración del orden público, lesiones, amenazas, desacato, resistencia y robo con fuerza, entre otros.

 La oficial del Minint detalló que, incluso, algunos de los involucrados, aun cuando poseían antecedentes penales, gozaban de los beneficios del régimen penitenciario contemplados en el Código Penal de Cuba, lo que se conoce como libertad condicional. «A partir de su participación en esos hechos violentos, a esas personas se les revoca dicha medida», significó.

 Subrayó, además, que no existen personas desaparecidas, y que a todos los familiares de los que se encuentran detenidos se les notificó sobre su ubicación.

 «Lo que cambia ahora, y no tiene nada que ver con la gravedad de los hechos del pasado domingo, es la situación de la pandemia de la COVID-19 que, como parte de las medidas sanitarias establecidas, se prolonga en el tiempo la visita de los familiares», especificó.

«De hecho, los familiares que en estos días han ido a las unidades policiales a llevar aseo personal, se les ha recibido y entregado a los detenidos, y también se ha brindado información sobre el estado del proceso en el que se encuentran esas personas», afirmó.

Respecto al tratamiento que reciben los detenidos para obtener sus declaraciones, la Jefa de la Dirección General de Investigación Criminal del Minint, manifestó que, en la ley de procedimiento actual, y en la ley que debe quedar aprobada próximamente (Ley de Procesos Penales), la confesión del acusado no es prueba en el proceso penal.

«Esto quiere decir que la persona está libre de declarar o no declarar, y no debemos obligarla a ello. Lo que sí tratamos de hacer es ponerla en una situación favorable en la que reconozca su participación en los hechos, para que se le tenga en cuenta en el proceso penal final, y también sea valorado por el fiscal en sus conclusiones provisionales, así como por el Tribunal durante el enjuiciamiento», puntualizó.

Añadió que durante las investigaciones se realiza un tratamiento individualizado de la persona y se evalúa el grado de participación de cada una de ellas, como lo prevé el Código Penal.

«Puede ser que una persona confundida se haya sumado a los hechos; eso lo evaluamos, pero hay que investigar», expuso Bravet Garófalo, y agregó que existen varias sanciones de acuerdo con el grado de implicación en los actos y las circunstancias, además de multas o advertencias.

«Los casos en los que hay violencia y ataques a los agentes de la policía llevan otro tratamiento de mucha más severidad, porque no podemos permitir conductas agresivas, que alteren la tranquilidad del país», aseveró.

TODAS LAS AGRAVANTES SE TENDRÁN EN CUENTA

La ocurrencia de actos vandálicos y la violación de las medidas de restricción de la movilidad en medio del complejo escenario epidemiológico que vive el país, frente a la pandemia de la COVID-19, constituyen agravantes de los sucesos ocurridos en Cuba el pasado domingo.

La coronel señaló que en las actuales circunstancias epidemiológicas el delito de robo con fuerza en las cosas se tipifica de forma agravada, al haberse aprovechado una situación excepcional contemplada en la Constitución de la República, como «calamidad pública», ocasionada por la pandemia.

Ejemplificó los sucesos ocurridos en los municipios de Cárdenas y Colón, del municipio de Matanzas, donde se asaltaron mercados y tiendas, siendo esta la provincia más complicada del país en el enfrentamiento al SARS-COV-2.

En cuanto a los jóvenes involucrados en los hechos vandálicos (la mayoría de ellos con edades comprendidas entre los 25 y 37 años de edad) Bravet Garófalo comentó que el procedimiento es el mismo. «Lo que se tiene en cuenta es la diferenciación en el hecho que cometió y las circunstancias».

«Desgraciadamente, también hemos detectado en estos sucesos a menores de edad, quienes no son penalizados, pues lo que llevan es un tratamiento educativo y preventivo para tratar de corregir su conducta», refirió.

Al respecto, precisó que el Órgano de Menores se encarga de estos casos, en los que se tiene en cuenta que muchos de esos infantes provienen de familias disfuncionales, viven en medios marginales, que inciden en sus comportamientos, o sus padres han cumplido sanciones penales.

«En el caso del mayor de edad que utiliza a un adolescente para delinquir, sí constituye una agravante para esa persona», esclareció.

Moraima Bravet aseguró que «aun cuando están a solo unas jornadas de haber iniciado el proceso investigativo, ya se han detectado personas que habían sido financiadas para ejecutar tales actos, y se puede afirmar que estas acciones se venían gestando con antelación».

«Estamos convencidos de que detrás de estos hechos está la mano del enemigo, y vamos a llegar hasta los instigadores y los organizadores», insistió la coronel Moraima Bravet, quien cerró su intervención con una cita del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuando en el año 1993 acciones similares se perpetraron en el país: «Una cosa que el enemigo tiene que saber de manera inconfundible es que la batalla contra nosotros es a muerte, que no se vaya a hacer ilusiones de que el país se va a desplomar, nosotros hemos dicho que las armas de la Revolución no se entregan sin combatir».

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